El exministro conservador español Eduardo Zaplana ha sido condenado a varias penas que suman 10 años y 5 meses de prisión por cometer los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación cuando era presidente de la Comunidad Valenciana (1995-2002), en el este de España.
El tribunal que lo juzgó le impone también multas por un importe superior a los 25 millones de euros (27 millones de dólares) y 17 años y 10 meses de inhabilitación para desempeñar empleo y cargo públicos, y otros tres para el ejercicio de su profesión (abogado).
La Audiencia Provincial de Valencia decreta, además, el decomiso de varios bienes y cuantías intervenidas durante la instrucción de la causa, relacionada por la privatización del servicio de la inspección técnica de vehículos y las adjudicaciones del plan eólico regional.
También son condenados otros seis acusados, entre ellos dos empresarios, un colaborador de Zaplana y un amigo que actuó como su testaferro, a penas de entre un año y tres meses y cinco años de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Los ocho acusados restantes quedan libres de culpa después de que la Fiscalía retirara la acusación a tres de ellos o no apreciara pruebas para que fueran condenados.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación en el Tribunal Supremo español.
Eduardo Zaplana fue uno de los ministros más conocidos del gobierno de José María Aznar (1996-2004); dirigió la cartera de Trabajo entre 2002 y 2004 y fue portavoz del Ejecutivo entre 2003 y 2004. También fue alcalde de Benidorm, famosa localidad turística del Mediterráneo, en los años noventa.
EFE.
