La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció dos reformas a la Constitución contra la intromisión externa y para imponer la «pena más severa» a los extranjeros que intervengan en México después de que Estados Unidos declaró terroristas a seis carteles del narcotráfico.
Además, la mandataria reafirmó en su conferencia matutina que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ampliará su demanda contra los fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos para acusarlos de cómplices de terrorismo tras esta clasificación.
«Lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, esta no puede ser una oportunidad por parte de EE.UU. para invadir nuestra soberanía, entonces ellos pueden ponerles el nombre que decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión», expresó.
Sheinbaum pidió que «quede claro» que «no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía» a pesar de que el Departamento de Estado estadounidense considera a partir de ahora como terroristas a los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Golfo, el del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y los Carteles Unidos.
“Ambos países queremos combatir a grupos de delincuencia organizada que hacen actos ilegales en ambos países, y ahí estamos trabajando muy bien en la coordinación, pero nosotros tenemos que garantizar que es bajo colaboración y coordinación, nunca violando de ninguna manera la soberanía de México», manifestó.
Los cambios a la Constitución
El cambio al artículo 40 a la Constitución afianzará que «el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación».
Esto incluye «golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo».
“Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables», según leyó la jefa del Ejecutivo.
En tanto, el artículo 19 advertirá de que «a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley, vinculadas» con estas injerencias, «se le impondrá la pena más severa posible, así como la prisión preventiva oficiosa».
México eleva sus reclamos contra las armas de EE.UU.
Tras la designación, la presidenta elevó sus reclamos a la industria armamentista de Estados Unidos, origen de casi tres de cada cuatro armas que usa el crimen organizado en México, según un reporte del Departamento de Justicia en enero.
La reforma al artículo 19 también propone que «a cualquier nacional o extranjero vinculado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas» se le «impondrá la pena más severa posible».
Mientras que la Cancillería ampliará la demanda que presentó durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) contra fabricantes y vendedores de armas estadounidenses, a los que acusa de vender estos insumos de manera consciente a los carteles en México.
“Dado este nombramiento, tiene que haber un vínculo entre quien le vende a las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre por parte del Gobierno de EE.UU., entonces va a haber una ampliación de esta demanda por complicidad de aquellos que vendan armas que son introducidas» a México, dijo.
EFE
