El sistema judicial dictó una sentencia de 12 años de cárcel contra Cristian Ernesto Pérez, tras ser hallado culpable del delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima que goza de régimen de protección. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, el imputado utilizaba llamadas telefónicas para coaccionar a la víctima, exigiendo el pago de una cuota fija de $150 mensuales.
Las autoridades determinaron que Pérez amenazaba de muerte a la víctima y a su grupo familiar si no entregaba el dinero solicitado. Además, el pago era impuesto como una condición para permitirle continuar con las operaciones de su negocio en San Salvador. La denuncia oportuna y el seguimiento de las autoridades permitieron recopilar las pruebas necesarias para establecer la responsabilidad penal del ahora condenado.
Con este fallo, se garantiza que el sujeto cumpla su pena en un centro penitenciario, enviando un mensaje de cero tolerancia ante los delitos que atentan contra el patrimonio y la seguridad de los emprendedores locales.
