Al menos nueve personas murieron y diez fueron detenidas, entre ellos dos ciudadanos de nacionalidad brasileña, en un operativo encabezado por agentes antidrogas contra una presunta banda acusada de tráfico de armas, estupefacientes y otros delitos en el departamento paraguayo de Canindeyú (este), fronterizo con Brasil.
Así lo informaron en una conferencia de prensa los ministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, y del Interior, Enrique Riera, al dar a conocer los resultados de una serie de allanamientos en distintos puntos de Canindeyú, como parte de la operación bautizada «Ignis».
El procedimiento, que incluyó traslados por aire por tierra, y derivó en algunos enfrentamientos, estaba dirigido contra una supuesta organización criminal presuntamente liderada por Santiago Acosta, conocido como «Macho», quien logró fugarse.
De las incursiones también participaron integrantes del Ministerio Público y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
Rachid indicó que Acosta y el brasileño Ricardo Luis Picolotto -que fue detenido- eran los «objetivos principales».
Acosta, según el funcionario, proporcionaba la logística, mientras Picolotto, de nacionalidad brasileña, es considerado el «cabecilla».
«Picolotto, según las referencias y los antecedentes, forma parte del Primer Comando de la Capital (PCC)», añadió.
El titular de la Senad indicó que los integrantes de esta organización «se paseaban» por Canindeyú «con vehículos blindados y totalmente armados».
Además de Picolotto, entre los detenidos se encuentra el también brasileño Gabriel Fernando De Santos.
El resto de los capturados son de nacionalidad paraguaya.
Las autoridades se incautaron además de un arsenal, que incluía una ametralladora antiaérea, y municiones.
Consultado por EFE, el director de comunicación de la Senad, Francisco Ayala, explicó que la banda es acusada de manejar la producción y acopio de marihuana en Canindeyú, y de administrar pistas aéreas clandestinas usadas para transportar cocaína.
También son señalados de traficar armas a Brasil y de cobrar «tributos» a otras organizaciones delictivas en esa zona, agregó el portavoz.
EFE
