El Gobierno de Guatemala decretó este lunes un Estado de Sitio por 30 días en todo el territorio nacional tras una violenta ofensiva de pandillas que ha cobrado la vida de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Los ataques, calificados por las autoridades como «cobardes y terroristas», surgieron como una represalia directa después de que las fuerzas de seguridad intervinieran tres centros penitenciarios, incluyendo la cárcel de máxima seguridad «Renovación I», para recuperar el control y liberar a decenas de guardias que habían sido tomados como rehenes durante varios motines.
Ante el agravamiento de la crisis de seguridad, el presidente Bernardo Arévalo ordenó la suspensión de clases a nivel nacional en centros públicos y privados, así como la restricción de las visitas en hospitales públicos y centros del IGSS como medida preventiva para resguardar a la población. Además, la dirección de la PNC canceló todos los descansos y permisos para el personal policial, declarando una alerta máxima para hacer frente a la amenaza de las estructuras criminales, principalmente del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
El Estado de Sitio, que deberá ser ratificado por el Congreso de la República, faculta a las autoridades para realizar detenciones sin orden judicial y restringir el derecho de reunión en zonas críticas. El Ejecutivo subrayó que estas medidas no buscan interrumpir la vida institucional del país, sino desarticular a los grupos que intentan infundir terror para recuperar privilegios en las prisiones, reafirmando que el Estado no cederá ante el chantaje del crimen organizado.
