Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavados de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, que incluye modificaciones respecto a su presentación inicial del 21 de diciembre de 2023.
La normativa tiene como objetivo combatir el dinero ilícito, proteger a los ciudadanos y aplicar reglas claras para todos los sectores económicos, incluyendo bancos, remesadoras, abogados y operaciones con bitcoin. Según los legisladores, la ley busca que los trámites sean ágiles para clientes de bajo riesgo y que se apliquen controles estrictos cuando existan señales de riesgo reales.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó que la ley redefine el alcance de los sujetos obligados, limitándolo a personas o entidades que representen un riesgo real, como bancos, casinos, joyerías y comercios de metales preciosos. Con esto se evita la carga innecesaria de información y se promueve la eficiencia del sistema financiero, sin excluir a sectores legítimos o vulnerables de acceso a servicios financieros.
