La Fiscalía General de la República (FGR), en una acción coordinada con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de la Defensa Nacional, supervisó el proceso de desmonte y clasificación de armas de fuego que serán destruidas.
Estas armas fueron decomisadas en diversos hechos delictivos a nivel nacional y forman parte de la estrategia interinstitucional para sacar de circulación el armamento utilizado en crímenes.
Durante la fase de supervisión, personal técnico especializado se encarga de verificar que cada una de las armas coincida plenamente con las características y registros que obran en los archivos judiciales y policiales.
La destrucción de estas armas, utilizadas en la comisión de delitos, es una medida de seguridad que busca impedir su reutilización y fortalecer el control de armamento en el país.
