En una decisión contundente, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, emitió una resolución este lunes condenando al diputado de ARENA, Alberto Romero, por enriquecimiento ilícito. Según la sentencia, Romero deberá reintegrar al Estado la suma de $445,766.05 como resultado de un juicio civil instigado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República.
La resolución surge tras una exhaustiva audiencia probatoria en la que los fiscales presentaron pruebas irrefutables de que el patrimonio de Romero experimentó un aumento significativo sin justificación durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2009 y el 30 de abril de 2015. La evidencia presentada demostró que este incremento patrimonial estaba notablemente desconectado de los ingresos legítimos y salarios percibidos por el diputado en ese período.
La acusación se centró en 14 irregularidades financieras, incluyendo depósitos en cuentas bancarias, pagos de tarjetas de crédito y cancelación de préstamos. Un aspecto clave de la acusación fue el hecho de que Romero había efectuado un pago de $87,981.93 en concepto de un crédito, pero no pudo demostrar la fuente legítima de estos fondos.
A pesar de la inclusión de la esposa y la hija de Romero, Ana Lourdes Olmedo de Romero y Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, en la demanda original presentada por el Ministerio Público, la Cámara de la Segunda Sección decidió exonerar a las familiares del legislador de cualquier responsabilidad.
Además de la restitución de los fondos ilícitos al Estado, la resolución conlleva la inhabilitación de Alberto Romero para ocupar cualquier cargo público durante un período de 10 años. Esta condena se enmarca en un juicio civil que tuvo lugar mientras Romero ejercía como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán, representando al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
La decisión de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque marca un paso importante en la lucha contra la corrupción en el país, demostrando que ningún individuo, sin importar su posición, está exento de rendir cuentas por actividades financieras dudosas.
