La Fiscalía General de la República (FGR) logró una victoria judicial contundente tras obtener condenas de hasta 178 años de prisión para 17 integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de personas.
Las investigaciones determinaron que la red operaba con base en el departamento de Ahuachapán, utilizando puntos ciegos estratégicos en la frontera Las Chinamas y el Río Paz para evadir los controles migratorios legales. Desde estos puntos, la estructura coordinaba el traslado clandestino de personas con destino a los Estados Unidos, lucrándose de la necesidad y vulnerabilidad de sus víctimas bajo el esquema de «coyotaje».
La prueba presentada por los fiscales fue determinante para que el tribunal validara la participación de cada uno de los implicados, imponiendo penas ejemplares que varían según el grado de responsabilidad en la estructura. Este fallo representa un duro golpe al tráfico de personas en el occidente del país y reafirma la postura del sistema judicial contra quienes facilitan y lucran con la migración irregular a través de redes criminales.
