EE.UU. estaría presionando a México para que investigue, procese y extradite a los políticos que mantienen o han tenido vínculos con los cárteles del narcotráfico, informó este miércoles Reuters con base en los testimonios de cuatro funcionarios estadounidenses que están «familiarizados con el asunto».
De acuerdo con la agencia británica, la administración de Donald Trump ha planteado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, desde el pasado 27 de febrero y en «al menos en tres ocasiones», la persecución de «narcopolíticos» que tengan responsabilidad en cargos penales, así como también la posibilidad de «agilizar la captura o deportación de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI».
Estas demandas han sido planteadas por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y su equipo en «reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos». El objetivo es que se investigue a los funcionarios electos y en funciones, para lanzar «una ofensiva sin precedentes contra la narcocorrupción». Esto también incluye «inspecciones más exhaustivas de los cargamentos» y de los viajeros que pasan la frontera.
Dos de las fuentes consultadas dijeron que EE.UU. habría amenazado a México de imponer más aranceles si el país latinoamericano no toma medidas contra «varios políticos», entre ellos del partido oficialista Morena, del que forma parte Sheinbaum. Además, se planteó la idea de nombrar a un responsable estadounidense sobre el asunto del fentanilo que tuviera contacto directo con la presidenta mexicana.
Tal decisión, según declaró a Reuters un miembro del gabinete de Seguridad mexicano, le generaría a la mandataria «riesgos políticos«, debido a que algunas personas señaladas por EE.UU. serían miembros de Morena, aunque no se conoce si existe alguna lista o pruebas para ratificar tales acusaciones.
Sin embargo, dos de las fuentes afirmaron que en las reuniones bilaterales se habría mencionado a cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador. Entre los nombres, estaría la gobernadora del estado mexicano de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien EE.UU. le revocó en mayo pasado la visa de turista junto a su esposo.
La solicitud de perseguir a políticos o funcionarios en funciones es considerada en México «desde hace tiempo» como «una línea roja«, dijeron a Reuters «cinco funcionarios diplomáticos», quienes añadieron que aunque se han logrado arrestos y procesado a políticos por corrupción, esto solo ha ocurrido cuando los involucrados dejan sus cargos.
En las reuniones, según las fuentes, han participado por EE.UU. Rubio, la fiscal general, Pam Bondi, entre otros funcionarios de los departamentos de Seguridad Nacional; de Justicia; y del Tesoro. Por parte de México, el canciller, Juan Ramón de la Fuente, el fiscal general, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
